Dos apellidos peso pesado van por los edificios del ex batallón 121

La urbanización de las 30 hectáreas del ex Batallón 121 -que encaró el gobierno provincial en la zona sur de Rosario- tiene un capítulo destinado a la construcción de edificios para viviendas en 5 hectáreas.  Son cuatro manzanas enteras en las que se pueden construir edificios para clase media de hasta 13 metros y además hay una franja de cuatro cuadras frente al parque que se pueden construir edificios de hasta 27 metros; en total cerca de 1.200 departamentos.

Y para encarar el desarrollo, el gobierno encaró una licitación inédita y compleja. En efecto, formó un fideicomiso administrado por la Dirección Provincial de Vivienda, y uno de los socios de ese fideicomiso será el Estado Provincial, que aportará el predio (con indicadores y usos urbanísticos aprobados por el Concejo). Y luego salió a licitar a un inversor privado (fiduciante) que levante el desarrollo, con obras de infraestructura, como las calles y el alumbrado público.

Pero no será una licitación que se dirima en base a quien presente el mejor proyecto para ese desarrollo (cuya calidad de construcción, obviamente, es tomada en cuenta), sino que ganará quién presente la mejor oferta para la concreción de las llamadas obras de “contraprestación”. ¿De qué se trata? Es que al inversor privado la provincia le exige una fuerte inversión en obra pública para abrir 10 calles en el precario asentamiento conocido como “cordón ayacucho” del barrio la Tablada y también le exige que además levante viviendas, con toda la infraestructura social necesaria (electricidad, agua y cloacas), para la gente de la villa que muden de allí hacia otra zona fiscal, todavía no anunciada. En la medida que el constructor levante la obra social se lo irá habilitando para vender los departamentos que fue construyendo en el ex Batallón. El gobierno provincial no intervendrá en la política comercial ni en los precios de venta de las unidades.

Si bien en la licitación no hay un monto estimado, el gobierno calcula que para esa obra social se demandarán al menos $180 M. Semejante cifra y complejidad de exigencias, no prendieron en muchas constructoras locales pero sí despertó interés en grandes desarrolladores inmobiliarios nacionales.

El gobierno quería abrir los sobres el 30 de octubre pero luego lo corrió al 28 de noviembre. Y hasta ahora sólo hay un pliego vendido, y no parece que vaya a tener competencia. ¿Quién lo compró? Una UTE que la integran dos peso pesado a nivel nacional y mucho recorrido en los desarrollos inmobiliarios: la constructora Petersen (del grupo Eskenazi, que manejan el Nuevo Banco de Santa Fe) y la constructora Helport (del grupo Eurnekian, que controla Aeropuerto 2000). El grupo tiene una pata local que es la constructora rosarina Pecam, que fue clave a la hora de interesar a los socios nacionales (cuya presencia era clave habida cuenta del dinero que hay que invertir) y cuya presencia también es estratégica ya que es una de las empresas con más experiencia en la licitación de obra pública municipal, provincial y nacional.

"Se pondrá en valor un sector de la ciudad y además mejorará la situación del asentamiento irregular más grande de zona sur. Todo será administrado por el Estado, pero la construcción no será resuelta por el gobierno. En este caso, la inversión y la construcción será privada. El Estado controlará que se cumpla con el proyecto, con la normativa vigente y con los plazos previstos”, afirmó el secretario de Hábitat, Gustavo Leone.