La pobreza trepó al 41,7% y ya afecta afecta a 19,7 millones de personas

La pobreza mostró una suba a lo largo de 2023 y en el segundo semestre del año llegó al 41,7% de la población, por lo que unos 19,4 millones de personas no lograron cubrir los gastos de la canasta básica, informó este miércoles el Indec. Al mismo tiempo, la tasa de indigencia, referida a quienes no tienen cubiertas sus necesidades alimentarias, llegó hasta 11,9 por ciento, es decir unas 5,5 millones de personas.

El deterioro de la economía y el avance de la inflación que erosionó el poder de compra de los salarios a lo largo del año pasado, gobernado casi en su totalidad por Alberto Fernández, provocó un avance de los números de pobreza. Un año atrás, un 39,2% de las personas era considerada pobre en la Argentina y un 8,1%, indigente. Y hace seis meses esas cifras ya habían escalado hasta 40,1% y 9,3 por ciento. En definitiva, el avance de la indigencia fue más rápido: de un año a otro la pobreza creció 2,5 puntos porcentuales y la indigencia, 3,8 puntos.

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. La inflación cerró el 2023 en 211,4 por ciento, la cifra interanual más alta en tres décadas.

En detalle, el informe del organismo estadístico mostró que la última foto de 2023 dejó ver que en los 31 conglomerados urbanos contemplados por la medición oficial, unas 12,3 millones vivían bajo condición de pobreza y 3,5 millones, en indigencia. Al hacer una proyección desde ese muestreo de centros urbanos hacia la totalidad de la población la cantidad de personas afectadas sube a 19,4 millones y 5,5 millones.

Analizado por sectores de la población, el Indec mostró que en el segundo semestre de 2023 el 58,4% de los chicos de hasta 14 años fueron considerados pobres. De ese total, casi el 19% ni siquiera tenía cubiertos los gastos alimentarios. Otro detalle que refleja el informe es que la franja etaria con números más críticos es la que va entre los 12 y 17 años: la pobreza alcanza al 59,4% de ellos y la indigencia, al 19,7 por ciento.

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo

Las distintas regiones del país muestran realidades diversas. El conglomerado urbano con el número más alto de pobreza es el Gran Resistencia (Chaco), con 65,2%; le siguen Concordia, Entre Ríos (56,2%); Santiago del Estero-La Banda (53,2%); La Rioja (51,6%), Gran Santa Fe (48,9%); Formosa (46,9%); San Nicolás-Villa Constitución (46,7%); Rawson-Trelew (46%) y el Conurbano Bonaerense (45,5 por ciento). Con el mismo criterio de análisis por centro urbano, en Gran Resistencia casi 1 de cada 4 personas es indigente.

La escalada más pronunciada en la tasa de indigencia en comparación con la de la pobreza responde a lo que se conoce como las “brechas”, esto es, qué tan lejos quedaron los hogares pobres e indigentes de superar ese umbral. En el segundo semestre del año, por ejemplo, en promedio las familias pobres tuvieron ingresos un 32,8% más bajos de lo que necesitaban para no ser pobres. Y los hogares indigentes tuvieron remuneraciones un 39,2% inferiores a lo que requerían para no serlo.

Más allá del declive sostenido del año pasado -y de los últimos años, ya que la tasa de pobreza era de 25,7% hace seis años-, sobre el cierre del 2023 hubo un impacto adicional en las condiciones de vida de la población por las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei, que propició una devaluación del tipo de cambio y la liberación de precios reprimidos, que hizo que la inflación en diciembre fuera de 25,5%. Esto representó una caída real del salario -en un solo mes- de 11,5% para los trabajadores del sector privado y de casi 16% para los públicos, según estimaciones de la CTA Autónoma en base a datos oficiales.

En ese contexto, los efectos del plan económico inicial del gobierno libertario podrían implicar un impacto mayor sobre los indicadores sociales en los próximos meses. El próximo dato oficial, que contemplará la situación hasta mitad de año, se conocerá en septiembre.