Con una oposición devaluada, Pullaro encontró un enemigo para confrontar

El gobernador Maximiliano Pullaro decidió cruzar esta semana una frontera siempre compleja. Después de semanas de negociaciones con los gremios estatales –en general ríspidas, tensas–, de algunos cabildeos en los que evaluó ventajas y costos posibles, finalmente dispuso descontar a los trabajadores que están bajo el paraguas de su administración el día de paro lanzado el pasado miércoles 8 para reclamar mejoras salariales. 

Pullaro corre, en esa puja con las organizaciones sindicales, con la ventaja que le da una gestión nueva y que cuenta con un amplio respaldo de las urnas: el millón de votos le confiere facultades para avanzar en terrenos escabrosos. El radical ha logrado, con la elección arrasadora de septiembre, distintos efectos. No sólo cosechó un amplio poder. Además, aglutinó detrás de su figura a todas las vertientes que componen Unidos para Cambiar Santa Fe. Todos, en ese espacio, reportan ahora para lograr el éxito de su gestión. Casi sin fisuras. En el futuro eso tendrá, y es inevitable que suceda por las apetencias de la política, sus desafíos internos. Pero hoy ese es un fantasma inexistente. 

Su aplastante triunfo le ha permitido aplicar, además, un efecto sedante sobre el peronismo, el excluyente espacio opositor en Santa Fe. Fue tal la diferencia, que el PJ no logra aún reacomodarse. Anestesiado, hasta parece acompañar con docilidad a la nueva gestión. Ni siquiera responde con bravura cuando Pullaro castiga la herencia dejada por la administración de Omar Perotti, incluso en discursos formales como el presentado el 1 de mayo pasado frente a la Asamblea Legislativa. 

Con la tropa propia abroquelada, con el peronismo invernando, el gobernador puede elegir a sus adversarios. Ese lugar lo ocupan hoy las organizaciones gremiales. Nadie le lanza más dardos a Pullaro que algunos dirigentes sindicales y sobre ningún otro espacio está ejerciendo el radical tanta presión. En especial los que representan a la docencia.

Oposición en la calle y descuento en el recibo

Si algo ha hecho la administración de Pullaro, desde el comienzo de la gestión, es mostrar señales de que no sería complaciente en la negociación con los gremios. A los docentes les dejó claro que se invertía mucho dinero por el ausentismo y que ese era un tema que debía moderarse. En las estimaciones que hizo el Gobierno se destinaron $ 100.000 M para cubrir ese ítem en 2023 y, de acuerdo a las proyecciones actuales, podrían llegar a ser $250.000 M este año. Un rojo que, con la economía crujiendo, entienden que no es aceptable. 

La administración planteó desde el vamos que las mejoras salariales estarían atadas a los ingresos que pudieran experimentar las arcas provinciales. Los incrementos de haberes en el sector estatal santafesino oscilan, desde diciembre, entre el 53,4% y el 56,5%. Para los gremios se trata de una compensación magra en medio de una realidad inflacionaria que ofrece respiros apenas módicos después de meses huracanados. 

Los funcionarios se cuidaron de decirlo en público hasta esta semana, cuando salieron a jugar a fondo con el anuncio del descuento por la medida de fuerza, pero creen que los estatales se quedaron anclados en una realidad que no se corresponde con la actual. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se quejó al hablar de una paritaria heredada que es “altísima, de muy difícil cumplimiento”. Una forma clara de decirle a los gremios que ya es tiempo de olvidar las promesas de Perotti.

Pero la administración Pullaro dio un paso más allá que irritó particularmente a los docentes. No sólo anunció los descuentos por el día de paro, sino que además dispuso que completen una declaración jurada para establecer quiénes asistieron a los colegios para dictar clases y quiénes se plegaron a la medida de fuerza. 

La guerra quedó declarada. Desde Amsafé hablaron de extorsiones y amenazas. Difícil predecir cómo continuará la negociación paritaria. El Gobierno ofreció un 5% de aumento para abril y otro tanto para mayo. Los sindicatos ya dijeron que eso es inaceptable. Hay un detalle para tener en cuenta de la huelga de esta semana que pasó: en el mismo barco quedaron navegando los gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) y los docentes de Amsafe. 

No es menor la coincidencia. Los primeros tienen raigambre peronista. Son organizaciones que han aportado, incluso, cuadros en las listas elaboradas para competir en elecciones de la política partidaria. Tienen una forma de negociar quizás menos confrontativa que la que aplican los docentes, aun cuando gobierne alguien de un signo político contrario o lejano. 

En Amsafé, en cambio, confluyen dirigentes con distinto origen que exponen una dureza mayor a la hora de sentarse en la mesa a tratar aumentos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo. 

En ese marco, Pullaro los ha elegido como sus adversarios de este tiempo. No será fácil la lucha. La sociedad, la misma que repele a algunas dirigencias sindicales, ha dejado en claro también en las últimas semanas que la educación pública, gratuita y de calidad es esencial. En ese punto vale marcar un detalle de un trabajo realizado en abril por la consultora Doxa Data en el que se indica que 6 de cada 10 ciudadanos de Santa Fe –el 58,1%-- cree que el problema de la educación local lo debe resolver el Gobierno provincial. En ese punto sólo tres de cada diez le achacan alguna responsabilidad a Nación. Pullaro, con sus votos y con su poder a cuesta, también debería tomar nota de ello.